La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) se suma a los cuestionamientos que amplios sectores nacionales han formulado a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional relacionados con la propuesta de modificación del presupuesto sometido a su consideración por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
La ACP, luego de la aprobación de su Junta Directiva y del Consejo de Gabinete, sustentó ante la referida comisión un presupuesto por $3,037.5 millones para la vigencia fiscal 2018. Pero en un hecho grave y atentatorio contra la autonomía del Canal, los diputados introdujeron modificaciones contrarias a las normas constitucionales.
La Constitución Nacional, en su Artículo 320, establece que el presupuesto de la ACP no forma parte del Presupuesto General del Estado. El proyecto de presupuesto de esa institución, una vez aprobado por el Consejo de Gabinete solo puede ser aprobado o rechazado por la Asamblea Nacional, lo que lo blinda de cualquier tipo de modificación.
Una de las conquistas históricas que ha permitido al Canal alcanzar sus metas y cumplir su cometido nacional ha sido, precisamente, su exclusión del intervencionismo a través de ese título constitucional que establece las garantías para su administración y operación.
Interpretar la Constitución Nacional contrario al propósito de quienes la redactaron y aprobaron lesiona el sentimiento los panameños que demandan mantener al margen de los vaivenes políticos nuestro más valioso activo nacional.
Demandamos, por tanto, que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional reconsidere y rectifique su actuación y cumpla de manera responsable con la norma constitucional.