Recientemente la República de Panamá fue incluida por la Unión Europea (UE) en una lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, lo cual ha sido rechazado enérgicamente por el gobierno nacional.

Esa decisión se produce meses después de que el gobierno nacional elevara las normas a los estándares más altos de la OCDE, y adoptara medidas específicas para reformar el sistema antiblanqueo y contra el financiamiento del terrorismo. En enero del 2019 Panamá fue excluida de la lista negra de jurisdicciones no cooperativas tras comprobar que había cumplido sus compromisos.

La inclusión de Panamá ocurre en momentos en que nuestro país, al igual que el resto de las naciones del mundo, demanda una mayor solidaridad por parte de la comunidad internacional, en lugar de sanciones en medio de la emergencia sanitaria y la crisis económica que enfrenta el planeta.

La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) rechaza la medida por injusta, discriminatoria y porque desconoce los avances realizados por Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esa decisión tiene, además, efectos negativos sobre la imagen y la reputación del país, su sistema financiero y sus empresas orientadas al comercio internacional.

Como gremio del sector privado, respaldamos las acciones que adelante el gobierno nacional ante organismos financieros para que el Consejo de Representantes de los Estados Miembros de la UE y el Parlamento Europeo impidan la entrada en vigencia de esa resolución.

Igualmente apoyamos los esfuerzos por defender los intereses nacionales y demandamos la exclusión de esta nueva lista negra de la UE.

Panamá, 11 de mayo de 2020.